La universidad es una de las instituciones más antiguas del mundo occidental. Desde hace más de 900 años las universidades han sido parte fundamental en nuestras sociedades. Con cambios, a veces demasiado lentos, que les han permitido mantenerse como organizaciones garantes del saber, la ciencia y el progreso humano. Todavía hoy, inmersos en un mundo en el que todo muta a rápida velocidad, la mera palabra «universidad» nos evoca el concepto de lo universal, de la reflexión reposada, de la búsqueda de la sabiduría y del avance de los pueblos.
La universidad ha sido el estadio último del aprendizaje durante siglos. Con todos sus problemas, muchas veces derivados del dogmatismo de sus gestores, otras muchas de su falta de medios y no menos por culpa de sus propias estructuras, que han frenado su rumbo más que acelerarlo. Pero ahí siguen, como parte fundamental de nuestras sociedades. Imbuidas aún en una aureola que las sigue haciendo punto de referencia del conocimiento en el imaginario colectivo.
La idea de qué es lo que debe ser una universidad es tan amplia como aquel que la plantee. Si bien en los últimos años parece haberse integrado en nuestro entorno la visión de que la universidad debe ser sobre todo el espacio en el que se forman buenos profesionales, adaptados a las necesidades que demanda el mercado empresarial, convertido en un único y supuesto espejo de la sociedad. Los argumentos que refuerzan esta visión son autoconcluyentes: solo tiene sentido la formación superior para encajarse con lo que las empresas necesitan. Y hasta ahora parece, según algunos, que las universidades han hecho dejación de esta obligación. Ideas tan fútiles como que la universidad debe ser el espacio máximo de reposada reflexión ante el conocimiento, el entorno en el que las diferentes áreas de la ciencia se desarrollen, la organización que permita avanzar en el desarrollo humano y personal de estudiantes y profesores o una institución que integre y al mismo tiempo se convierta en actor modelador y con capacidad de transformación de los espacios territoriales en los que se asienta, parecen estar hoy trasnochadas.
El sistema universitario español está compuesto por entidades públicas y privadas. 50 universidades son de titularidad estatal frente a las 37 (en junio de 2015) de titularidad privada. Dentro de las universidades privadas las hay de todo tipo: laicas y religiosas, grandes y pequeñas, con más o menos calidad… Partícipes legítimos de un sector, el de la educación superior, cada vez más liberalizado y en el que cada una de ellas se sitúa como considera conveniente, de acuerdo a las reglas del propio mercado educativo y, obviamente, a su misión, visión o posicionamiento estratégico. Con mayor o menor apoyo de las instituciones públicas, fundamentalmente de las comunidades autónomas, responsables últimas de la educación por cuestiones competenciales, sin olvidar el control que en último caso puede ejercer una institución de carácter nacional como ANECA.
Por otro lado en España tenemos 50 universidades públicas, constitucionalmente autónomas en su funcionamiento, dependientes financieramente de la administración y también sujetas al relativo control que puede efectuar la citada agencia nacional ANECA. Algunas inmensas en su tamaño y otras realmente pequeñas y con influencia mínima en el plano nacional, pero con obligaciones, al menos sobre el papel, ante los ciudadanos españoles que, en último término, son los que financian su existencia.
Llevamos varios años hablando de la reforma que necesitan las universidades públicas. Indudablemente en el aspecto financiero, pero también en el de la gestión y gobernanza de estas organizaciones. Y por supuesto en cuestiones relativas al acceso a la función docente, al papel que deben tomar los estudiantes, a la «calidad» o falta de ella, a la estructura de los planes de estudios, mil veces reformados sin salir de la frustración perenne que genera el observar que dicha reforma no se adapta a lo que la universidad debería ofrecer y, tal vez más importante, se pliega a lo que posiblemente no sea.
En esta nueva etapa que comienzo en INFOCONOCIMIENTO voy a tratar de reflejar cuáles son las necesidades que ha de cubrir la enseñanza superior en España. Desde el punto de vista de las universidades públicas. Universidades que nos pertenecen a todos, que son parte de nuestro acerbo cultual y social y que sin duda son organismos tan complejos que no deberían estar sujetas a opiniones de trazo grueso o veleidades marcadas por la ideología económica dominante, aunque sean realizadas específicamente desde tal o cual comisión de expertos creada para ello (ya se sabe, si quieres que algo no funcione, crea una comisión…)
La serie de posts que empezaré a publicar a partir de ahora tendrán como objetivo mostrar que otra universidad pública no solo es posible, sino absolutamente necesaria. Y que el cambio ha de afrontarse ya. No podemos seguir escudándonos en la citada autonomía universitaria para evitar exigirlos y llevarlos a cabo. Por motivos obvios: el bien común, la responsabilidad ante la ciudadanía y el mantenimiento de la misión que se supone tiene la universidad. No espero que mis planteamientos sean aceptados. Ni tan siquiera espero que sean tenidos en cuenta. Pero tras tantos años de trabajo en la universidad no los quiero dilatar más…
